29 de abril de 2013: hace cincuenta años fue proclamada por el Congreso Nacional la Constitución de 1963. Por primera vez, en la historia del país se aprobaba un texto que incorporaba los denominados derechos sociales.
Hasta entonces, todas las reformas a la Constitución se circunscribían a reconocer los derechos individuales de la persona humana: la libertad de expresión, la libertad de conciencia y de cultos, la libertad de tránsito, la inviolabilidad de la vida, la libertad de enseñanza, el derecho a la propiedad, etc.
En 1963, ya no sólo se consagran estos derechos sino que también se establecen derechos de naturaleza social.
Examinada en retrospectiva, bien puede sostenerse que la Constitución de 1963 aspiraba al establecimiento de un régimen democrático fundamentado en la justicia social. Al cumplirse cincuenta años de su proclamación, es necesario recordar a las nuevas generaciones que Juan Bosch con esta reforma quiso inaugurar en el país el Estado democrático y social de derecho que debido al golpe de estado de septiembre de ese año sólo pudo plasmarse bajo el mandato del Partido de la Liberación Dominicana y Leonel Fernández, con la Constitución de 2010.
El texto de 1963 fundamenta la existencia de la Nación sobre el trabajo, el cual es colocado bajo la supervisión y protección del Estado, que se obliga a la formación y superación profesional de los trabajadores. Eleva a rango constitucional el principio establecido en el Código de Trabajo de 1951 de “a igual trabajo, corresponde igual salario, sin discriminación de sexo, edad o estado” y reconoce el derecho de los trabajadores a participar en los beneficios de las empresas.
De igual modo, reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse libremente en sindicatos y el principio de que son irrenunciables los derechos de los asalariados.
La Constitución afirma que el matrimonio presupone una absoluta igualdad de derechos para los cónyuges, inclusive respecto al régimen económico y exige el consentimiento de ambos esposos para la disposición de los bienes inmuebles de la comunidad; prohíbe a los oficiales y funcionarios públicos expedir certificaciones correspondientes al estado civil de las personas en las cuales se hiciera constar la condición de hijo nacido dentro o fuera de matrimonio y dispone que la ley determinará en cuáles situaciones las uniones de hecho entre personas con capacidad para contraer matrimonio podrán por razones de equidad e interés social surtir efectos puramente económicos similares a los del matrimonio.
El texto constitucional de 1963 prohíbe a las personas morales privadas adquirir la propiedad de la tierra, salvo los casos de terrenos destinados al ensanchamiento y fomento de las poblaciones, la instalación de plantas industriales y establecimientos comerciales, y la instalación de factorías y anexos en las zonas rurales. Por el contrario, las personas físicas tenían el derecho de adquirir la propiedad siempre que fueran de nacionalidad dominicana. Los extranjeros podían adquirirla, pero con autorización del Congreso Nacional, siempre que fuera en las zonas urbanas.
Cincuenta años después tal vez no nos parezca avanzada esta Constitución; pero en la época de su promulgación fue duramente atacada y resistida por los sectores más conservadores de nuestra sociedad.
Fue un hecho verdaderamente revolucionario y al conmemorarse este año el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, bien harían nuestras Centrales sindicales recordar que fue en 1963, bajo el mandato del profesor Juan Bosch, cuando por primera vez en nuestra historia adquirieron rango constitucional los derechos de los trabajadores.
