Seguridad social: la hora del llanto y crujir de dientes

El pasado 24 de julio marcharon unos 700 mil chilenos  y el 10 de agosto, hace apenas dos semanas, 1 millón 300 mil más salieron a las calles con pancartas y cartelones escritos con una sola consigna: ¡No+AFP! Esto es: No Más Administradoras de Fondos de Pensiones. Gigantescas manifestaciones simultáneas en las calles de las principales ciudades de Chile le dijeron a su Gobierno que pusiera fin al régimen de las AFP.

¿Por qué se repudiaban las AFP? Hombres y mujeres que pasaron toda una vida trabajando y dependiendo de su salario para vivir y sostener a sus familias; que con esfuerzos y sacrificios levantaron a sus hijos, que esperaban al final de sus carreras técnicas y profesionales una vida digna y sosegada, retirados en la paz del hogar, resueltas las necesidades más perentorias que impone la ancianidad; de súbito se enteraron que las AFP les otorgaban unas pensiones que ni siquiera les proporcionaban un mínimo para mal vivir. Terminada su vida útil a los sesenta o sesenta y cinco años, ni siquiera recibían un cuarenta por ciento del salario que devengaban al momento de optar por la jubilación.

¿Qué hacer? ¿Cómo vivir? Por allá, en los años ochenta del pasado siglo, mientras gobernaba con mano cruel y sangrienta el general Pinochet, los economistas neoliberales advirtieron que la seguridad social fundamentada en el sistema de reparto estaba llamada a desaparecer porque el progreso aumentaba las expectativas de vida y provocaba en las sociedades desarrolladas que fueran más los jubilados, llamados a recibir, que la población económicamente activa, llamada a cotizar. Como régimen sustituto se inventaron la capitalización individual: cada trabajador tendría una cuenta personal: allí, a lo largo de su vida productiva depositaría una fracción de su salario, el empleador también contribuiría, y, maravilla de maravillas, al final de su periplo laboral, gozaría de una suculenta pensión, que le compensaría con creces sus desvelos y ahorros. Mientras el milagro llegaba, el Estado crecería, se invertirían los fondos en obras de infraestructura, en complejos habitacionales, y el sistema financiero, lo que no se dijo, obtendría pingües dividendos.

Todos felices y contentos durante el largo período de la acumulación hasta que se llega a la hora de la verdad, que es la del llanto y crujir de dientes, cuando los trabajadores esperanzados por el camelo, se percatan de haber sido estafados, de que una parte de sus salarios les han sido esquilmados, de que sus ahorros forzosos han servido para enriquecer a los que se encuentran en la cúspide de la pirámide social. En el Chile neoliberal de Pinochet comenzó la capitalización individual, el desmonte de la seguridad social como hasta ese momento se entendía, solidaria y de reparto, con beneficios definidos, y desde el Cono Sur fue exportada a toda América Latina, montada en la ola de la desregulación y la privatización.

La República Dominicana no fue la excepción. Teníamos una bajísima cobertura en los ámbitos de salud y previsión, un Instituto Dominicano de Seguros Sociales ineficiente, planes médicos y de pensiones ya privatizados, en fin, un terreno abonado para que los cantos de sirena provenientes de Chile encontraran un medio ambiente propicio para su implantación.

Preocupado por esta realidad, el gobierno de Leonel Fernández de 1996 a 2000 se propuso abordar la tarea. Como secretario de Estado de Trabajo en ese entonces, procuré la asesoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la cual, junto a especialistas dominicanos, elaboró un proyecto eminentemente social que mantenía el control del Estado sobre la salud y la previsión gracias al denominado pilar básico y solidario, al que contribuirían todas las empresas y todos los trabajadores, que ofrecería los servicios sustanciales de salud a toda la población y que concedería las pensiones cuando se llegara a la edad del retiro. La propuesta incluía –cómo no, los fuertes vientos del neoliberalismo batían con fuerza todos los estamentos sociales– un pilar voluntario y complementario en beneficio de todos aquellos ciudadanos que de su bolsillo pudieran costearse más amplios servicios de salud y mayores pensiones.

Ni siquiera con esta concesión fue posible lograr que avanzara el proyecto. El presidente lo sometió al Congreso Nacional, pero los poderes fácticos respondieron con otro proyecto de corte privatista y neoliberal que introdujeron en el Senado de la República, controlado por la oposición.  Desde el Poder Ejecutivo se hicieron todas las diligencias pertinentes para lograr el respaldo que necesitaba el proyecto de la OIT. En el hoy ministerio de Trabajo, nos reunimos en incontables sesiones con las organizaciones más representativas de los empresarios y trabajadores. Personalmente dialogué en las más altas instancias de los sectores económicos y sus objeciones siempre fueron las mismas: por un lado, el sistema de reparto no tiene futuro, en pocos años se agota; por el otro, no hay forma de rescatar al Instituto Dominicano de Seguros Sociales.

No valieron argumentaciones: el Instituto podía reformarse y, de no ser posible, se podría crear una nueva institución; la población dominicana era todavía muy joven, lo que permitiría la supervivencia por muchos años más del sistema de reparto; y, por lo demás, el proyecto que se había sometido al Congreso también contemplaba un pilar complementario y voluntario de naturaleza privada… En estas conversaciones, siempre señalaba a mis interlocutores que, en el reparto, el trabajador conocía de antemano el monto de su pensión, lo que no acontecía en el de la capitalización individual y terminaba siempre con esta interrogante:

¿Usted me garantiza que al final habrá una pensión digna para el asalariado?

Por supuesto que sí — respondían.

Y nos enfrascábamos en los análisis de estudios actuariales que, a mi modo de ver, se interpretaban con laxitud y acomodo.

En un último esfuerzo promovimos una reunión en el Palacio Nacional, con la presencia del señor Presidente, y, una vez más, intentamos que se examinaran los pro y contra del proyecto gubernamental, pero los poderes fácticos reclamaron con ardor que se acogiera el modelo chileno. Cuando al final del largo encuentro, el presidente inquirió la opinión del secretario de Estado de Trabajo, respondí con una frase escueta:

Señor presidente, lo que se propone no es seguridad social, sino negocio asegurado.

Las presiones fueron intensas. Invitaron al país a José Piñera, el artífice chileno del modelo privatizador; las vistas públicas se multiplicaron en el Senado de la República; se escribieron artículos de prensa, algunos de los cuales tuve que refutar y hasta embarcarme en una polémica con uno de sus defensores.

Los sindicalistas, con honrosas excepciones, comenzaron a ceder hasta el punto que uno de ellos me visitó para advertirme que iba a quedar solo en mis intentos. La ofensiva fue implacable; sin embargo, con nuestras permanentes visitas a los senadores, a las vistas públicas, a las informaciones de la OIT que pasaba al Senado, al final se sembró la duda: ¿se desconocería a una organización de prestigio como la OIT? ¿Resultaría beneficioso el proyecto privatizador?

El debate senatorial quedó aplazado y solo luego de haber terminado el gobierno del PLD, el 16 de agosto de 2000, ya instalada la oposición en el Palacio Nacional, se reiniciaron los esfuerzos de los interesados, que culminaron con la aprobación de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Hoy se dirá que el nuevo modelo ha sido un acierto. La cobertura, al menos en salud, se ha expandido considerablemente, de un 6% a un poco más de un 70% de la población, disfruta de un seguro de salud; más de tres millones de personas pobres se encuentran protegidas por el régimen subsidiado de salud; a nadie se le puede negar el seguro por encontrarse afectado de una patología previa; los seguros cubren a su titular y sus familiares (mujer e hijos), sin que haya que cotizar por estos dependientes; los ahorros en el sistema financiero sobrepasan ya los 300 mil millones de pesos, una suma exorbitante, jamás pensada antes en los registros financieros del país; los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son atendidas y subsidiadas por el denominado seguro de riesgos laborales.

Todo muy bien, pero esos mismos logros pudieron ser alcanzados por un sistema público de seguridad social y que no se diga que el dinero habría desaparecido, pues en el programa Solidaridad, que dirigimos de 2004 a 2012, traspasábamos once mil millones de pesos al año, sin que se perdiera un centavo y sin que, hasta hoy, haya habido una sola denuncia de irregularidades o mal manejo de fondos en ese exitoso programa social.

Al mismo tiempo, diariamente escuchamos las quejas de los usuarios del régimen de salud: con un plan básico insuficiente, atención primaria que se cobra, cuotas de recuperación sin control alguno, con rechazos a pacientes, con procedimientos e intervenciones médicas que las administradoras de riesgos de salud se niegan a reconocer y por ende a solventar, con especialistas que rehúsan servir al sistema, con clínicas y médicos que se quejan porque sus servicios no son pagados a tiempo por los intermediarios de la salud, con gastos de bolsillo cada día mayores para los pacientes y con el cese de la cobertura cuando la persona se jubila.

Los reclamos abundan, y los decibeles aumentarán cuando, en 2028, comiencen a pagarse las primeras pensiones. Al igual que en el Chile de hoy, miles y miles de trabajadores habrán laborado para recibir una miseria, para enterarse de que los descuentos a sus salarios de nada les han servido; para tomar conciencia de que, con sus dineros, enriquecieron más a los que más tienen; para tener que mendigar, al final de sus vidas, que el Estado los ayude porque no podrán sobrevivir con el precario monto de sus pensiones.

La crisis financiera que estalló a finales de 2007 y que conmovió económicamente al capitalismo a partir de 2008, mostró el rostro deshumano de las políticas neoliberales. El mercado fue desregulado,y con él la seguridad social, que fue privatizada como si la salud y la protección social del jubilado pudieran estar en manos de particulares. La primera, controlada por intermediarios, entre el médico y el paciente; la segunda, en manos del sector financiero.

El Chile de la dictadura exportó el modelo; el Chile de la democracia, lo repudia y lo condena.

La República Dominicana, que en 2001 remedó a Chile, debe ya tomar conciencia de que ingentes correctivos necesita el modelo. Un Estado democrático y social de derecho, como consagra la Constitución de 2010, no puede aceptar pasivamente el desmantelamiento del Estado de bienestar, el comercio de la salud y de integridad física de una persona, la desprotección al ciudadano que ya no cuenta con las fuerzas para trabajar.

El Chile de 2016 ha dado la alerta. Es al Estado a quien le incumbe la responsabilidad de garantizar una protección social eficaz y eficiente. Actuemos ahora, que ya lo sabemos, por lo que pasa hoy, allí donde se ideó y construyó el sistema.

Más tarde, será la hora del llanto y el crujir de dientes.Save

A apretar el acelerador social

28295537416_908165888b_k
Foto: Presidencia de la República —flickr

El país se ha transformado. Ha cambiado. Ahora en menos de dos horas llegamos a Bávaro y Punta Cana por una superautopista. Para ir a Samaná y Las Terrenas, ya no tenemos que dar todo un rodeo de largas horas por la carrerera Duarte, atravesar San Francisco de Macorís y luego marchar hasta la península. Hoy tomamos la autovía Juan Pablo II y en un par de horas estamos disfrutando de las maravillas de esa zona turística. Si queremos ir a Baní, en menos de una hora lo hacemos y, en la actualidad, si tomamos rumbo a Puerto Plata y la Línea Noroeste, ya no es necesario cruzar Santiago y envolvernos en su pesado tráfico, pues lo haremos por la circunvalación.  Continuar leyendo

16 de Agosto de 2015

monu

Se conmemora un nuevo aniversario del Grito de Capotillo. Aquel día del año 1863, un grupo de patriotas encabezado por el coronel Santiago Rodríguez –a quien en su obra sobre la Restauración Pedro M. Archambault califica como jefe de la revolución– cruzaron la frontera desde Haití y tomaron el cerro de Capotillo para al despuntar el alba izar el pabellón tricolor arriado desde marzo de 1861, cuando Pedro Santana lo desconoció para dar paso a la anexión a España. Continuar leyendo

Primero de mayo

7681000744_8692dc0e78_h

Celebramos un nuevo 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, en recuerdo y homenaje a los llamados Mártires de Chicago, quienes fueron ajusticiados por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas al día. La huelga, iniciada el 1 de mayo de 1886, se transformó en la revuelta de Haymarket, reprimida violentamente por las fuerzas policiales, y a partir de entonces, por decisión del Congreso Obrero Socialista celebrado en París en 1889, este día es celebrado en casi todo el mundo en reconocimiento a la lucha denodada de la clase obrera. Continuar leyendo

La hora de la igualdad y la inclusión social

Este 26 de enero se conmemoró un nuevo aniversario del natalicio de nuestro Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, y con el inicio del mes de la Patria, comenzando un nuevo año, resulta interesante cuestionarnos sobre ese rasgo pesimista que aflora en la psiquis de cada dominicano. Pesimismo que se expresaba ya en el padre de Francisco del Rosario Sánchez cuando le reprochaba su lucha por la Independencia con la advertencia de que este país nunca sería Nación. Pesimismo reflejado en la obra de ilustres pensadores, como José Ramón López y Américo Lugo, quienes fotografiaban un cuadro sombrío sobre el porvenir dominicano. Y pesimismo que se manifiesta aun en el presente cuando al dominicano se le pregunta cómo anda las cosas y nunca se oye responder que marchan bien. Continuar leyendo