El 1ro de Mayo y la Constitución de 1963

29 de abril de 2013: hace cincuenta años fue proclamada por el Congreso Nacional la Constitución de 1963. Por primera vez, en la historia del país se aprobaba un texto que incorporaba los denominados derechos sociales.

Hasta entonces, todas las reformas a la Constitución se circunscribían a reconocer los derechos individuales de la persona humana: la libertad de expresión, la libertad de conciencia y de cultos, la libertad de tránsito, la inviolabilidad de la vida, la libertad de enseñanza, el derecho a la propiedad, etc.

En 1963, ya no sólo se consagran estos derechos sino que también se establecen derechos de naturaleza social.

Examinada en retrospectiva, bien puede sostenerse que la Constitución de 1963 aspiraba al establecimiento de un régimen democrático fundamentado en la justicia social. Al cumplirse cincuenta años de su proclamación, es necesario recordar a las nuevas generaciones que Juan Bosch con esta reforma quiso inaugurar en el país el Estado democrático y social de derecho que debido al golpe de estado de septiembre de ese año sólo pudo plasmarse bajo el mandato del Partido de la Liberación Dominicana y Leonel Fernández, con la Constitución de 2010.

El texto de 1963 fundamenta la existencia de la Nación sobre el trabajo, el cual es colocado bajo la supervisión y protección del Estado, que se obliga a la formación y superación profesional de los trabajadores. Eleva a rango constitucional el principio establecido en el Código de Trabajo de 1951 de “a igual trabajo, corresponde igual salario, sin discriminación de sexo, edad o estado” y reconoce el derecho de los trabajadores a participar en los beneficios de las empresas.

De igual modo, reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse libremente en sindicatos y el principio de que son irrenunciables los derechos de los asalariados.

La Constitución afirma que el matrimonio presupone una absoluta igualdad de derechos para los cónyuges, inclusive respecto al régimen económico y exige el consentimiento de ambos esposos para la disposición de los bienes inmuebles de la comunidad; prohíbe a los oficiales y funcionarios públicos expedir certificaciones correspondientes al estado civil de las personas en las cuales se hiciera constar la condición de hijo nacido dentro o fuera de matrimonio y dispone que la ley determinará en cuáles situaciones las uniones de hecho entre personas con capacidad para contraer matrimonio podrán por razones de equidad e interés social surtir efectos puramente económicos similares a los del matrimonio.

El texto constitucional de 1963 prohíbe a las personas morales privadas adquirir la propiedad de la tierra, salvo los casos de terrenos destinados al ensanchamiento y fomento de las poblaciones, la instalación de plantas industriales y establecimientos comerciales, y la instalación de factorías y anexos en las zonas rurales. Por el contrario, las personas físicas tenían el derecho de adquirir la propiedad siempre que fueran de nacionalidad dominicana. Los extranjeros podían adquirirla, pero con autorización del Congreso Nacional, siempre que fuera en las zonas urbanas.

Cincuenta años después tal vez no nos parezca avanzada esta Constitución; pero en la época de su promulgación fue duramente atacada y resistida por los sectores más conservadores de nuestra sociedad.

Fue un hecho verdaderamente revolucionario y al conmemorarse este año el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, bien harían nuestras Centrales sindicales recordar que fue en 1963, bajo el mandato del profesor Juan Bosch, cuando por primera vez en nuestra historia adquirieron rango constitucional los derechos de los trabajadores.

Rafael Alburquerque: soy un eterno optimista, por eso creo en las nuevas generaciones

El doctor Rafael Alburquerque, vicepresidente de la República Dominicana, asisitió como orador invitado en el solemne acto de graduación de más de 1,600 estudiantes de la Universidad del Este en San Juan, Puerto Rico.

En su discurso, que por su importancia publicamos en toda su extensión, el doctor Alburquerque anunció el próximo proyecto de capacitación de oficiales de la Policía Nacional dominicana en materia de justicia criminal, por parte de la Universidad del Este.

Además, afirmó que no existe una jurisdicción que tenga mejores características culturales e idiomáticas que Puerto Rico para servir de puente comercial entre los Estados Unidos y Latinoamérica y enfatizó la necesidad de presentar a Puerto Rico y a República Dominicana como destinos de inversión y actividad comercial.

Concluyó exhortando a los jóvenes a ser los forjadores, en el futuro y también en el presente de un fuerte sentido de dignidad, justicia y responsabilidad.

Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo

Hoy domingo 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo, acordado así por la Segunda Internacional Socialista en congreso celebrado en 1889. Esta decisión tuvo por finalidad recordar a los mártires de Chicago, obreros norteamericanos que en lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas ese día fueron brutalmente masacrados y ejecutados por las fuerzas del orden público.

En todo el mundo los obreros celebran este día, y lo hacen con marchas, manifestaciones, conciertos populares y desfiles. Curiosamente, sólo en los Estados Unidos no se recuerda esta fecha. Allí, en Haymarket, la plaza donde tuvieron lugar los trágicos sucesos, se encuentra una estatua con la figura de un agente policial, y una placa que recuerda “a los heroicos agentes” que pusieron fin a la sublevación anarquista.

Los finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX registraron continuas luchas de los obreros por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Jornadas extenuantes de más de doce horas al día, mineros que nacieron y murieron en las cavernas sin haber visto la luz del sol en toda su vida, tareas sin vacaciones ni descanso semanal, salarios insignificantes, condujeron al proletario a organizarse para luchar por reivindicaciones que mitigaran la explotación a la que estaban sometidos.

Fue en 1919, terminada la Primera Guerra Mundial, cuando se logró con el Tratado de Versailles, que las clases gobernantes europeas reconocieron los derechos básicos de los trabajadores, naciendo así el Derecho del Trabajo.

Aunque en el país se promulgaron las primeras leyes del trabajo en los años 30 y luego se conocieron la ley sobre contratos de trabajo (1946) y el Código de Trabajo (1951), no fue hasta después de terminada la tiranía de Trujillo cuando real y efectivamente se organizó el movimiento sindical. Cierto que hubo huelgas bajo la dictadura, como las de San Pedro de Macorís y La Romana en los años 40, pero la estructura del sindicato de empresa, la libre negociación colectiva y las paralizaciones de laborales aceptadas y protegidas por la Ley sólo alcanzaron su plenitud una vez recobrada la libertad.

Desde entonces, son muchas las conquistas logradas por el movimiento sindical dominicano, que en 1991 concertó con los empresarios un nuevo Código de Trabajo, que rige actualmente las relaciones laborales. La concertación social se ha abierto paso y en la Constitución se consagran los derechos fundamentales de los trabajadores.

Saludamos este 1 de mayo. Estamos conscientes de que deben continuar los esfuerzos para fortalecer y consolidar dichos derechos fundamentales y esenciales, tal como lo proclama la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Congratulamos a los trabajadores dominicanos en su día. El viernes tuvimos la ocasión de hacerlo con la dirigencia sindical en un brindis que les ofrecimos en el Palacio Nacional, en donde les hicimos entrega de un decreto a través del cual se pensionó a quince viejos asalariados con una pensión especial.

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Saludamos a los trabajadores y trabajadoras en su día

Rafael Alburquerque: racionalización del Estado y calidad de servicios públicos

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El vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, ponderó los esfuerzos de la administración del presidente Leonel Fernández para establecer un Estado moderno que enfrente con eficacia las demandas de la población, y destacó los avances logrados, al encabezar el acto de inauguración del XV Congreso Internacional sobre Reforma del Estado y Administración Pública, que organiza el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), con el respaldo del Gobierno, a través del Ministerio de Administración Pública. En el acto estuvieron presentes, entre otras personalidades, la Primera Dama de la República, el Secretario General del CLAD y el Ministro de Administración Públlica.

Entre los avances, el vicemandatario citó el uso de herramientas como innovación, gestión de calidad y tecnología de la información, así como la ejecución de la Ley de Función Pública y del Marco Común de Evaluación –CAF, estándar de calidad adoptado desde 2003.

Hacemos uso intensivo de la tecnología de la información, avanzando en la construcción del Gobierno electrónico, como forma de atender con prontitud y transparencia los requerimientos ciudadanos y disponer a tiempo de la información que nos permite monitorear con certeza los diversos y complejos procesos de la administración pública.

Así se expresó el doctor Alburquerque y manifestó, además, que la gestión que se ejecuta impulsa procesos en dos direcciones: la racionalización del Estado y el mejoramiento de la calidad de los servicios ofrecidos por el sector público.

Dijo que se trabaja también en la ejecución de un marco jurídico que permita organizar una estructura mejor articulada y más efectiva, a fines de obtener mejores resultados en la gestión y la acción del Estado.

Estamos aplicando la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece los principios, normas y cauces que deben orientar la actuación de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y que habrán de configurar los actos jurídicos de ellos, así como los mecanismos de control que habrán de garantizar su sometimiento pleno al principio de legalidad, ya consagrado en la Constitución […] la administración pública dominicana, desde hace unos años, es escenario de una gran revolución jurídica e institucional inspirada en el fortalecimiento de la democracia, lo que se verifica en las transformaciones que experimentan los órganos relativos a contrataciones públicas, hacienda, gestión financiera integrada, contabilidad pública y tesorería. A partir del pasado 26 de enero se ha configurado en nuestro país un Estado social y democrático de derecho.

El Vicepresidente añadió que la nueva Constitución sienta los principios que orientan de modo efectivo el funcionamiento de la administración pública: la eficiencia, la transparencia, la jerarquía, la coordinación, la legalidad, el mérito y la estabilidad, para configurar e institucionalizar un Estado moderno.

El congreso se desarrolla del 9 al 12 de noviembre, con la participación de más de mil personas, e incluye ponencias de expertos latinoamericanos, europeos y estadounidenses.

Los derechos de tercera generación en la nueva Constitución

El 6 de noviembre de cada año se celebra el Día de la Constitución, en conmemoración de la fecha en que se aprobó la primera Carta Sustantiva de la Nación, en el año 1844.

Propicia es la ocasión para recordar que el 26 de enero del presente año fue promulgada una nueva reforma constitucional en la cual, por primera vez en nuestra historia republicana, se consagran los denominados derechos de tercera generación.

¿Cuál es el significado de esta expresión? Para entenderlo, es necesario remontarse a la Declaración de los Derechos del Hombre proclamada por la Revolución Francesa de 1789, cuyo contenido reconoce por vez primera los derechos fundamentales de los seres humanos. Todas las Constituciones aprobadas durante el siglo XIX en nuestra América siguieron este patrón. Si las revisamos, comprobaremos que en ellas se garantizan los derechos a la vida, a la igualdad y a la integridad personal, así como se concede a toda persona el disfrute a la libertad de conciencia y cultos, de reunión y asociación, de expresión de sus pensamientos, ideas y opiniones, de circulación y tránsito por todo el territorio nacional. Fueron éstos los derechos de primera generación.

Con la Constitución mexicana de Querétaro en 1917, se inaugura la época de los derechos de segunda generación, esto es, los derechos sociales y económicos, que en lo adelante pasan a ser considerados en casi todas las Constituciones de América Latina del siglo XX. En éstas figuran los derechos a la salud, a la cobertura de la seguridad social, a la educación, a la propiedad y a la protección de los trabajadores. En el país, fue la Constitución de 1963, promulgada bajo el mandato del profesor Juan Bosch, la que dio inicio a esta nueva etapa.

Ahora, con la reforma de 2010, la Constitución dominicana incorpora los derechos de tercera generación, como son los derechos culturales y deportivos, así como los derechos colectivos y de medio ambiente. Entre los derechos colectivos se mencionan la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora; la protección del medio ambiente; y la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico.

La reforma de 2010 transforma sustancialmente toda la organización jurídica del Estado, dotando al Congreso Nacional de mayores atribuciones; estableciendo nuevas instituciones, como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral; fortaleciendo el control y la supervisión de las finanzas públicas; reconociendo el estatuto de la función pública, concediendo un régimen estatutario para el servidor del Estado; y, sobre todo, algo de trascendental valor, disponiendo un conjunto de garantías a favor de los derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva y el debido proceso; el derecho a una acción judicial para conocer la existencia y acceder a los datos que sobre cualquier persona consten en registro o bancos de datos públicos o privados; y la facultad para cualquiera de recurrir en amparo para reclamar la protección inmediata de derechos que hayan sido o amenacen ser vulnerados.

Hay que examinar y estudiar detenidamente la reforma de 2010, pues en su contenido el ciudadano común y corriente encontrará un instrumento poderoso para hacer respetar y valer sus derechos. Se trata de una reforma de un contexto general de avanzada, que se aparta y aleja de las versiones tradicionales que habíamos conocido hasta la fecha. Sólo la reforma de 1963 tuvo ese rumbo innovador, que ahora retoma la de 2010.