Rafael Alburquerque: racionalización del Estado y calidad de servicios públicos

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El vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, ponderó los esfuerzos de la administración del presidente Leonel Fernández para establecer un Estado moderno que enfrente con eficacia las demandas de la población, y destacó los avances logrados, al encabezar el acto de inauguración del XV Congreso Internacional sobre Reforma del Estado y Administración Pública, que organiza el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), con el respaldo del Gobierno, a través del Ministerio de Administración Pública. En el acto estuvieron presentes, entre otras personalidades, la Primera Dama de la República, el Secretario General del CLAD y el Ministro de Administración Públlica.

Entre los avances, el vicemandatario citó el uso de herramientas como innovación, gestión de calidad y tecnología de la información, así como la ejecución de la Ley de Función Pública y del Marco Común de Evaluación –CAF, estándar de calidad adoptado desde 2003.

Hacemos uso intensivo de la tecnología de la información, avanzando en la construcción del Gobierno electrónico, como forma de atender con prontitud y transparencia los requerimientos ciudadanos y disponer a tiempo de la información que nos permite monitorear con certeza los diversos y complejos procesos de la administración pública.

Así se expresó el doctor Alburquerque y manifestó, además, que la gestión que se ejecuta impulsa procesos en dos direcciones: la racionalización del Estado y el mejoramiento de la calidad de los servicios ofrecidos por el sector público.

Dijo que se trabaja también en la ejecución de un marco jurídico que permita organizar una estructura mejor articulada y más efectiva, a fines de obtener mejores resultados en la gestión y la acción del Estado.

Estamos aplicando la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece los principios, normas y cauces que deben orientar la actuación de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y que habrán de configurar los actos jurídicos de ellos, así como los mecanismos de control que habrán de garantizar su sometimiento pleno al principio de legalidad, ya consagrado en la Constitución […] la administración pública dominicana, desde hace unos años, es escenario de una gran revolución jurídica e institucional inspirada en el fortalecimiento de la democracia, lo que se verifica en las transformaciones que experimentan los órganos relativos a contrataciones públicas, hacienda, gestión financiera integrada, contabilidad pública y tesorería. A partir del pasado 26 de enero se ha configurado en nuestro país un Estado social y democrático de derecho.

El Vicepresidente añadió que la nueva Constitución sienta los principios que orientan de modo efectivo el funcionamiento de la administración pública: la eficiencia, la transparencia, la jerarquía, la coordinación, la legalidad, el mérito y la estabilidad, para configurar e institucionalizar un Estado moderno.

El congreso se desarrolla del 9 al 12 de noviembre, con la participación de más de mil personas, e incluye ponencias de expertos latinoamericanos, europeos y estadounidenses.

Los derechos de tercera generación en la nueva Constitución

El 6 de noviembre de cada año se celebra el Día de la Constitución, en conmemoración de la fecha en que se aprobó la primera Carta Sustantiva de la Nación, en el año 1844.

Propicia es la ocasión para recordar que el 26 de enero del presente año fue promulgada una nueva reforma constitucional en la cual, por primera vez en nuestra historia republicana, se consagran los denominados derechos de tercera generación.

¿Cuál es el significado de esta expresión? Para entenderlo, es necesario remontarse a la Declaración de los Derechos del Hombre proclamada por la Revolución Francesa de 1789, cuyo contenido reconoce por vez primera los derechos fundamentales de los seres humanos. Todas las Constituciones aprobadas durante el siglo XIX en nuestra América siguieron este patrón. Si las revisamos, comprobaremos que en ellas se garantizan los derechos a la vida, a la igualdad y a la integridad personal, así como se concede a toda persona el disfrute a la libertad de conciencia y cultos, de reunión y asociación, de expresión de sus pensamientos, ideas y opiniones, de circulación y tránsito por todo el territorio nacional. Fueron éstos los derechos de primera generación.

Con la Constitución mexicana de Querétaro en 1917, se inaugura la época de los derechos de segunda generación, esto es, los derechos sociales y económicos, que en lo adelante pasan a ser considerados en casi todas las Constituciones de América Latina del siglo XX. En éstas figuran los derechos a la salud, a la cobertura de la seguridad social, a la educación, a la propiedad y a la protección de los trabajadores. En el país, fue la Constitución de 1963, promulgada bajo el mandato del profesor Juan Bosch, la que dio inicio a esta nueva etapa.

Ahora, con la reforma de 2010, la Constitución dominicana incorpora los derechos de tercera generación, como son los derechos culturales y deportivos, así como los derechos colectivos y de medio ambiente. Entre los derechos colectivos se mencionan la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora; la protección del medio ambiente; y la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico.

La reforma de 2010 transforma sustancialmente toda la organización jurídica del Estado, dotando al Congreso Nacional de mayores atribuciones; estableciendo nuevas instituciones, como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral; fortaleciendo el control y la supervisión de las finanzas públicas; reconociendo el estatuto de la función pública, concediendo un régimen estatutario para el servidor del Estado; y, sobre todo, algo de trascendental valor, disponiendo un conjunto de garantías a favor de los derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva y el debido proceso; el derecho a una acción judicial para conocer la existencia y acceder a los datos que sobre cualquier persona consten en registro o bancos de datos públicos o privados; y la facultad para cualquiera de recurrir en amparo para reclamar la protección inmediata de derechos que hayan sido o amenacen ser vulnerados.

Hay que examinar y estudiar detenidamente la reforma de 2010, pues en su contenido el ciudadano común y corriente encontrará un instrumento poderoso para hacer respetar y valer sus derechos. Se trata de una reforma de un contexto general de avanzada, que se aparta y aleja de las versiones tradicionales que habíamos conocido hasta la fecha. Sólo la reforma de 1963 tuvo ese rumbo innovador, que ahora retoma la de 2010.

Rafael Alburquerque: la salud no es una mercancía

El vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, aseguró que la salud no es una mercancía, por lo que nunca debe estar sujeta a la ley de oferta y demanda del mercado, y que el Estado está en la obligación de garantizar estos servicios a la población.

Alburquerque hizo la afirmación en la conferencia magistral que dictó con motivo de la celebración del octavo aniversario del Seguro Nacional de Salud (SENASA). En su alocución resaltó la importancia de brindar a la población acceso a los servicios de salud, especialmente a los ciudadanos de escasos recursos, sentenciando:

En lo adelante, la salud se visualiza como un derecho, conforme al mandato legal. Un derecho del ciudadano, que dotado de un carné de identidad, con sus nombres y apellidos, y su número de cédula de identidad, siente y toma conciencia de que a partir de ese momento goza de la potestad de exigir que se le atienda, que se le ofrezcan buenos servicios, así también, de reclamar y, por qué no, de demandar si no recibe lo que espera del Estado.

El vicepresidente dijo que al 16 de agosto de 2004 apenas 45 mil 607 personas en la región suroeste estaban afiliadas al Seguro Familiar de Salud del régimen subsidiado, y que en solo cuatro meses, es decir, en diciembre de ese mismo año, la cantidad de afiliados se había incrementado en un 43 por ciento, y ya más de 66 mil personas recibían los servicios de salud.

Resaltó que en menos de seis años se han incorporado un millón 574 mil 419 personas, lo que totaliza un incremento, al 5 de agosto de 2010, de un millón 639 mil 436 pobres e indigentes, con lo cual se aseguran los servicios de salud al 50.6 por ciento de la población de escasos recursos de la República Dominicana.

El doctor Alburquerque señaló que la meta es que para agosto de 2012 el cien por ciento de la población pobre e indigente esté cubierta por el régimen subsidiado, y que para lograr ese objetivo se cuenta con la decisión inquebrantable del primer mandatario de la Nación y con la labor ingente de los funcionarios de Senasa.

Concomitantemente, en un esfuerzo de orientación y capacitación de los beneficiarios del régimen subsidiado, casi siempre limitados en sus conocimientos por su condición de pobreza, el Programa Solidaridad ha incluido como requisito para el auxilio que otorga a los hogares bajo su protección social, el cumplimiento de un componente de salud integral que se extiende a lo largo del ciclo de vida, y que será ofrecido por las Unidades de Atención Primaria a embarazadas y recién nacidos, niñas, niños y adolescentes, los cuales ya han sido adscritos, en razón de su domicilio, a estos centros que darán seguimiento a este plan de prevención“, concluyó el doctor Alburquerque.

Próximamente, estaremos publicando esta conferencia en el Canal de YouTube del Vicepresidente.